2010
17-02-2003 – Otro revés judicial para Greenpeace : Esto sucedió el 3 de febrero en Cherburgo, Francia, y no ha llamado la atención de los medios argentinos pero toca a la Argentina. Con un fuerte revés judicial ante el fuero civil de esa ciudad francesa (Y otro triunfo del sentido común) Esto sucedió el 3 de febrero en Cherburgo, Francia, y no ha llamado la atención de los medios argentinos pero toca a la Argentina. Con un fuerte revés judicial ante el fuero civil de esa ciudad francesa, la estrategia internacional de Greenpeace para bloquear –con distintos argumentos, según cada país- el negocio de “back end”, o tratamiento de combustibles nucleares quemados tanto por grandes centrales o pequeños reactores de investigación, empieza a sufrir tropiezos serios. En 2001 Greenpeace logró que un amparo por parte de una corte de provincias en Caen detuviera la importación transitoria, a cargo de la empresa estatal COGÉMA, de elementos combustibles gastados (ECGs) de diverso origen, entre ellos los de un pequeño reactor australiano desactivado (el MTR). COGÉMA es el mayor proveedor mundial de “back end”: en sus plantas de La Hague y Marcoule da servicios al gigantesco programa electronuclear francés, pero también a muchos otros países europeos y extracomunitarios. Como la ley francesa contempla este negocio y admite las importaciones transitorias de ECGs, Greenpeace intentó la figura de impedir la “estadía prolongada de desperdicios nucleares extranjeros” en las instalaciones de La Hague. Pero a las tres semanas el amparo fue revertido por la misma corte que lo emitió. Desde entonces, el caso se estancó en una cinchada jurisdiccional hasta que un tribunal de alzada lo mandó al fuero civil de Cherburgo, donde se unificaron las presentaciones de Greenpeace y una pequeña ONG local (Manche Nature); que ahora recibieron dictamen en contra. El argumento de la corte de Cherburgo tiene ecos interesantísimos para la Argentina: los jueces dictaminaron que los ECGs australianos y alemanes no son desperdicios sino mercaderías en tránsito. Como indica el sentido común, desperdicio es en todo caso no la materia prima sino el producto final del “back-end”, combustible que sólo luego de ser tratado vuelve a país de origen para su disposición geológica, y del cual ya no se puede sacar ningún provecho económico. En este caso, la interpretación de la ley, es decir la jurisprudencia, coincidió con el sentido común y Greenpeace pagará costas judiciales (los 4/5 de una factura de 5000 euros). Como el sentido común es universal y está provocando un renacimiento de la industria nuclear en Occidente (que empieza a preferir las centrales atómicas al efecto invernadero) Greenpeace está teniendo tropiezos judiciales que no conocía desde hace mucho. En 2002, una corte federal australiana desestimó el caso presentado por Greenpeace contra el estado australiano para evitar que el nuevo reactor de investigación RRR (provisto por INVAP SE) se construyera, y la ONG también debió pagar allí las costas judiciales. Desde entonces, el avance de obra dió un salto del 25 por ciento. En Argentina el único fallo judicial generado hasta el momento por esta operación entre Argentina y Australia fue otra derrota del fundamentalismo verde: el 31 de octubre de 2002, el juez federal Jorge Urso desestimó las denuncias de los fiscales federales Eduardo Freiler y Federico Delgado. Éstos trataron de ver delito en el contrato entre INVAP y ANSTO (la agencia nuclear australiana), así como el acuerdo de cooperación nuclear entre ambos países, que cuenta con media sanción del Poder Legislativo. Para los acusadores, había delito porque el contrato contiene cláusulas secretas y el acuerdo entre estados violaría el artículo 41 de la Constitución Nacional. Pero Urso hizo suya la posición de la fiscalía a cargo de los doctores Carlos Rívolo y Claudio Navas Rial: no hay delito y se archivan las actuaciones. Por una parte, dice el dictamen, la privacidad de los acuerdos comerciales está garantizada por el artículo 19 de la Constitución, y en este caso más cuando se trata de proteger una transferencia de tecnología sofisticada. En cuanto al artículo 41, que impide importar desperdicios nucleares, las ONG pretenden que se aplique su letra fría “sin interpretación”, como si no existiera la jurisprudencia y hubiera un solo modo de leerlo. El debatido acuerdo de cooperación entre ambos estados contempla que Australia haga el “back end” de su nuevo reactor RRR en Argentina. En la práctica la posibilidad es lejana: esto sólo sucedería si aceptaran perder este negocio Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón, Rusia y China… Pero al margen de que este escenario de “política-ficción” pueda o no suceder, lo que Urso rechazó es que los ECQs sean desperdicios “por decreto” de los talibanes verdes, y su entrada, procesamiento y salida (negocio tecnológico que enriquece a Francia y Gran Bretaña), valer legalmente lo mismo que el “dumping” de basura tóxica a perpetuidad. Puro sentido común. Las costas judiciales que le cayeron a Greenpeace son un dato menor, tanto en Australia como en Francia, y más para una ONG que maneja centenares de millones de dólares. Pero no son menor como dato político. En los tres países donde sucedieron estos reveses legales del “talibanismo verde”, hay un desarrollo nuclear incomparablemente distinto, pero algunas ideas comunes. Australia carece de un programa nuclear real, pero con el viejo HIFAR inglés, hoy dado de baja, exportaba 11 millones de dólares de radiofármacos oncológicos, cardiológicos y de diagnóstico en el Asia Monzónica y autoabastecía su propio mercado de salud. Con el RRR que reemplazará al HIFAR, Australia evitará importar lo que hasta hoy elaboraba en casa, y podrá exportar mucho más por la mayor capacidad del nuevo aparato. Francia, en cambio, tiene intereses atómicos de otra escala: posee sencillamente el mayor programa nucleoeléctrico doméstico del planeta, el mayor negocio mundial de “back-end” y se dispone a ser el más importante exportador de grandes centrales nucleares “llave en mano” del siglo XXI. La Argentina, por su parte, a lo largo de medio siglo logró desarrollar un programa nuclear modesto pero complejo y bastante autónomo, atípico de un país periférico. Y pese a dos décadas de malos presupuestos y severa crisis organizativa, el “brazo exportador” de este programa, INVAP, se posicionó durante los ’90 como el más exitoso vendedor mundial de pequeños reactores. La operación con Australia es la joya de ese currículum. Lo único común entre estos tres países dispares es la existencia de poderes judiciales que reaccionan ante la intromisión de una multinacional antinuclear con agenda propia, y que sólo responde ante sí misma. Los jueces empiezan a defender los intereses soberanos de sus respectivos países y sus balanzas de pagos. Y ésto, nuevamente, es puro sentido común.
